En días pasados, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confrontó públicamente al Cardenal José Francisco Robles, luego de que éste refiriera la existencia de retenes operados por la delincuencia organizada en ese Estado, y que él mismo había sido detenido en dos ocasiones al transitar en la región norte de la entidad.

El Gobernador Alfaro cuestionó al Arzobispo de Guadalajara por abordar lo anterior ante los medios de comunicación, en lugar de interponer una denuncia formal en la Fiscalía, y además negó de forma categórica que en su Estado hubiera retenes controlados por los delincuentes.

Pero el tema ha llegado más lejos, la propia Arquidiócesis de Guadalajara ha denunciado que diversas parroquias al norte del Jalisco tienen que pagar “derecho de piso” a los criminales para tratar de no poner en peligro la vida de los sacerdotes y de los feligreses.

El tema llegó hasta “la mañanera”, y al igual que Alfaro, López Obrador desestimó las declaraciones de la jerarquía católica en Jalisco en torno a la extorsión a la que está siendo sometida la Iglesia.

Dijo el Presidente que él no tiene conocimiento de lo anterior, que pudiera no ser cierto, y que los religiosos no por serlo son infalibles. Remató criticando a los sacerdotes por cuestionar su modelo de seguridad.

“¿Quieren que resolvamos los problemas con violencia?”, les reclamó.

No cabe duda que en esta coyuntura, en la que los criminales no respetan ni a los curas, y en un momento en donde hay mucho dolor e indignación por el reciente asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, el Presidente y el Gobernador han cometido los mismos errores.

Ambos se empeñan en negar la realidad y reprochan a todo aquel que les echa a perder su narrativa de que las cosas marchan por buen camino.

Ambos, a pesar de muchas horas de vuelo en la política, demostraron muy poca sensibilidad para responder en esta coyuntura en la que está implicada una de las instituciones de mayor credibilidad en México, como lo es la Iglesia católica.

No hay que perder de vista que los párrocos son personas que conocen como nadie las problemáticas que viven las comunidades en las que ejercen su ministerio, y además de ser queridos y respetados por sus feligreses, ejercen una gran influencia. Lo que se dice desde el púlpito tiene más fuerza que cualquier arenga que provenga de la clase política.

Además, si algo hay relevante para la gente en muchos pueblos son sus fiestas patronales, en donde la parroquia se vuelve el espacio para la vivencia de la fe y las tradiciones, y un punto de encuentro fundamental para la vida en comunidad.

Ahora hasta lo que se recauda para algunas de estas fiestas patronales tiene que aportar su respectivo “impuesto” a los delincuentes.

Así que cuestionar a estos sacerdotes, que en muchas ocasiones se juegan la vida al cumplir con su trabajo en lugar de atender con apertura y diligencia lo que están denunciando, es arrojar un balde de agua fría a la cara de miles de ciudadanos que ven con tristeza, indignación y una gran preocupación que, al igual que ellos, sus pastores están amenazados por los criminales ante la incapacidad e indolencia de las autoridades.

¿Soberbia? ¿Autoritarismo? ¿Falta de sensibilidad? ¿Desprecio por la Iglesia? Puede ser que un poco de todo, pero lo cierto es que ambos políticos, tanto López Obrador como Alfaro, están abriendo un frente muy complicado al confrontarse con la Iglesia en un tema tan sensible como lo es la inseguridad.

Seguramente, tras esta coyuntura los Obispos exigirán a sus fieles un papel más activo en la búsqueda de la paz y a justicia y serán un factor clave para el genuino despertar de México en medio de tanta violencia.

Yo creo que ante la pregunta que circula en redes sociales “¿A quién les crees a Alfaro o al Cardenal?” el Gobernador de Jalisco tiene todas las de perder.

@gvelascob

Editorial publicada originalmente por Grupo Reforma.